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Casi el 80% de los reclusos están con prisión preventiva

whatsapp-image-2016-11-29-at-5-13-52-pm-1La regulación y aplicación de la Prisión Preventiva es uno de los temas claves a través de las cuales se puede medir la vigencia del Estado de Derecho en un país, considerando que se analizan las normas que regulan la facultad de las autoridades de privar de su libertad a una persona con presunción legal de inocencia.

Con esta visión, el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) con el apoyo de la National Endowment for Democracy (NED) realizó un trabajo de análisis sobre la Aplicación de la Prisión Preventiva en Paraguay. El material fue elaborado por los abogados Javier Contreras, Marcio Battilana y Madeleine Ruíz.

En el material se analiza y realiza una valoración de las normas que regulan la medida de la prisión preventiva, los criterios de su aplicación y se describen las condiciones de reclusión de las personas privadas de su libertad por aplicación de dicha medida. Además propone la realización de acciones tendientes a asegurar el uso correcto de la medida y a limitar su duración al tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus fines procesales.

Entre varios hallazgos se pueden mencionar que el porcentaje de personas privadas de su libertad bajo el régi­men de prisión preventiva respecto al total de la población de personas recluidas se incrementó de 65% en el año 2010 a 78% a septiembre de 2016. En el año 2013, el Paraguay era el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de personas privadas de su libertad, a través de la prisión preventiva.

Asimismo, se detectaron malas prácticas, por interpretaciones y apli­caciones incorrectas de normas, como las previstas en los ar­tículos 302 (de los presupuestos y requisitos para la formula­ción de acta de imputación) y 303 (de la decisión de tener por iniciado el procedimiento y del establecimiento de plazo para la presentación de requerimientos conclusivos) que derivan en riesgos graves de aplicaciones indebidas de la medida de pri­sión preventiva. Dichas malas prácticas son: Omisión del deber de analizar la concurrencia de los pre­supuestos legales y del cumplimiento de los requisitos de validez por parte de los Jueces Penales y consecuente ad­misión “automática” de las actas de imputación presenta­das por el Ministerio Público.

Esto conlleva el riesgo inmediato de iniciar el proceso con base en docu­mento de imputación en las que no se describe con precisión la conducta cuya realización se atribuye al imputado, con calificaciones jurídicas incorrectamente expli­cadas o no explicadas en absoluto y en las que no se identifican las evidencias de las que surgen las sospechas del Agente Fiscal.

Recomendaciones

Entre las medidas tendientes a subsanar los problemas detec­tados, se pone a consideración de las autoridades competentes: Analizar las normas del CPP y de la ley 4.431/11, a los efectos de elaborar e impulsar los ajustes normativos necesarios para evitar contradicciones entre las normas que aplicables al proceso penal y a aquellas previstas en la Constitución Nacional y en la Convención Interamerica­na (Pacto de San José de Costa Rica) en materia de prisión preventiva.

La elaboración de un Manual de buenas prácticas para el con­trol judicial de los presupuestos de validez y requisitos de contenido y forma de las actas de imputación como medi­da previa y necesaria de la decisión de tener por iniciado el procedimiento, así como para el análisis de procedencia de la aplicación de medida cautelar al imputado.

La utilización de tecnología en los procesos penales, de modo tal a generar registros en una base de datos informá­tica, que permita generar informes estadísticos actualiza­dos en forma ágil y confiable y utilizar dicha herramienta para realizar control de plazos y generar alertas en mate­ria de aplicación de prisión preventiva;

Impulsar la utilización de la herramienta referida en el punto anterior, para hacer un tablero público de monito­reo de tiempo de duración de las medidas de detención y prisión preventiva, en que accediendo a una página web (del Poder Judicial) se pueda individualizar a una persona privada de su libertad (sin identificarla), así como la ca­lificación dictada por el Juzgado; la fecha de su privación de libertad y el plazo transcurrido hasta el momento del acceso al dato, así como la etapa del proceso penal en que se encuentra.

Uno de los temas claves a considerar para tomar las acciones necesarias es que Paraguay se comprometió a garantizar que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción puedan ejercer los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Huma­nos. Si no cumple con su obligación y en consecuencia, se gene­ran daños, el Estado paraguayo puede ser juzgado por la Cor­te Interamericana de Derechos Humanos e, incluso, puede ser obligado a indemnizar a las personas dañadas.

El documento impreso se puede solicitar a ICED y también está disponible en el sitio web www.iced.org.py  en formato digital.